ALGARROBAL VIEJO, EN SALTA, PODRIA DESAPARECER SI APRUEBAN EL DESMONTE DE 13 MIL HECTAREAS DE BOSQUE

Allí viven 300 familias campesinas. Si aprueban el desmonte, se quedarán sin nada.
NI LOS PERROS. Nadie quedaría a salvo si se pone en marcha la tala feroz. (Enrique Rosito)
Si nada lo detiene, en pocas semanas estará definitivamente aprobado el desmonte de 13.260 hectáreas de bosque autóctono en el departamento de Metán, al sur de la provincia de Salta, en el límite con Santiago de Estero. Y así, estaría firmada el acta de defunción de un pueblo: el de Algarrobal Viejo, cuyos pobladores —tras una disputa limítrofe zanjada a favor de Salta en 1979— quedaron del lado de Santiago.
De tal manera que los reclamos de posesión veinteañal de las 300 familias campesinas que viven en la zona desde hace un siglo quedarían en la nada por las dificultades burocráticas de pedir ante una provincia por títulos que debería haber otorgado otra.
La inminencia del desmonte llevó hasta el lugar a una comisión de Parques Nacionales cuyo flamante informe está siendo evaluado por las autoridades regionales. En ese texto se destaca el valor de este pueblo, cuya cultura ha logrado "una armónica relación entre el desarrollo de objetivos ambientales, sociales, económicos e institucionales".
En Algarrobal viejo no hay luz, hay un solo teléfono y el agua se saca de un pozo comunitario. Según los datos de Mirta Gil, la agente sanitaria, un 70% sufre del Mal de Chagas. Sin embargo, una alimentación basada en la caza autosustentable (que respeta períodos de cría, por ejemplo) y del consumo de animales de cría hace que su población desconozca males como la desnutrición.
La socióloga rural, investigadora y docente de la UBA, Norma Giarraca da la dimensión del problema: "Con los desmontes no sólo se pierde la diversidad biológica sino lo que, generalmente, la acompaña: la diversidad cultural. El 80% de los territorios del mundo donde se preservan recursos naturales y biodiversidad están en manos de campesinos y pueblos indígenas.".
Cristian Abdala, herpetólogo de la Universidad Nacional de Tucumán e investigador del Conicet, señala la incoherencia de que gobiernos, universidades y ONG destinen recursos a salvar especies en peligro mientras se pierden poblaciones de dichas especies a causa del desmonte. "El gobierno alienta los grandes desmontes con pueblos adentro sin considerar parámetros ecológicos, económicos y sociales", dijo.
El ingeniero Gustavo López Asencio, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Salta, tiene otra opinión. "En ese bosque no vas a encontrar a Peter Pan", enfatiza quien posee el legajo de 300 fojas que decide la suerte de otras tantas familias. El cree que el monte fue degradado por el descuido de los vecinos. Desmerece el informe de Parques Nacionales e insiste en no hablar de desmonte "sino de desarrollo social, económico y ambiental".
Esa ecuación parece favorecer a Rumbo Norte S.A., la empresa rosarina que "fabrica campos", es decir, los compra (adquirió El Suncho en 2005 a 700 mil dólares, un precio 20% menor al del mercado una década atrás, antes del boom inmobiliario), los desmonta y los vende o alquila.
El tema sería aprobado en poco tiempo, cuando se incorpore al expediente 119-11.582/06, la desgrabación de la audiencia pública del 14 de diciembre celebrada en la localidad salteña de El Galpón, a la que los vecinos de Algarrobal no pudieron ir porque se enteraron tarde.
López Asencio dice que el Gobierno está del lado de la ley y que si los vecinos tienen objeciones que hagan una presentación judicial. "Ellos viven en Santiago del Estero y no pueden reclamar en Salta. Hicieron la denuncia, pero por la feria judicial no pasa nada —informa Nelly Veliz, la presidenta del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE—. La Justicia para el pobre y para el campesino siempre llega tarde". En pocos días se sabrá si hay excepciones para ese "siempre" fatal.